• Las posiciones de diversos actores regionales siguen enfrentadas ante el debate por la reforma al Código de Aguas.
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El Día
Desde el gobierno surgió la idea de expropiar derechos de agua ante el agravamiento de la escasez hídrica y ante la inexistencia de derechos para comprar por parte del Estado, para atender la emergencia. Desde otros sectores sin embargo, señalaron como una contradicción que se quiera comprar derechos de agua que en su momento se entregaron gratis y a perpetuidad, lo que amerita señalan, hacer cambios de fondo al Código de Aguas.

Nuevamente, el tema de la propiedad del agua vuelve a estar en primera plana.

Esta vez, por la posibilidad expresada por las carteras de Obras Públicas y Agricultura, de llegar a “expropiar” derechos de aprovechamiento de agua ante la gravedad de la sequía que afecta a buena parte de la zona centro norte del país.

En concreto, dicha posibilidad nace a raíz de lo que está pasando en la Provincia de Petorca en la región de Valparaíso, en donde en donde ante la crisis hídrica, el Estado ha ido comprando derechos a privados para entregar el agua a los sectores más vulnerables, como los sistemas de APR.

Pero en el caso, señaló el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, de no contar con más derechos para comprar, “podemos hacer expropiación”, señaló, facultad que por lo demás, está permitida bajo la actual legislación.

“Se podría replicar en el caso de una situación similar a lo que está pasando en Petorca, o en el valle del Aconcagua. Ciertamente, tendríamos que realizar esa compra de derechos. Es una facultad que contempla el Código de Aguas de 1981”, señaló al respecto, el seremi de Obras Públicas Pablo Herman.

No obstante, a su juicio, la región está aún lejos de aquel escenario.

“Nosotros tenemos una infraestructura robusta en cuanto a embalses que nos permite alejarnos un poco de esa realidad. No creo que lleguemos a esa situación, debido a que los embalses sirven para acumular agua, y los embalses que estamos realizando hoy día, tienen ya los derechos incluidos para el agua potable rural, a diferencia de lo que ocurre en la región de Valparaíso que no tiene ningún embalse. Entonces ahí se ve en la obligación la DOH de comprar derechos a particulares para contar con disponibilidad de agua y entregársela a los APR. Pero al menos, a corto y mediano plazo no tendríamos que aplicar eso”, sugiere la autoridad.

Se reabre la polémica 

No obstante, más allá de que se pueda aplicar esa medida en la región o no a futuro, para otros sectores, el hecho de que el Estado deba comprar los derechos de agua a privados, reabre la discusión por la reforma al Código de Aguas, hoy en estudio en la Comisión de Agricultura del Senado.

Así al menos, lo ve la senadora Adriana Muñoz, quien si bien es cierto, valora la acción llevada a cabo por el gobierno, considera que la solución de fondo es modificar la actual normativa de aguas “que permite justamente que el Estado haya regalado el agua y después tenga que comprarla, eso es una contradicción”, explicó en alusión a la privatización de los derechos de agua.

Sobre este punto, el vicepresidente de la Sociedad Agrícola del Norte, José Corral, expresó que “el Estado responde a los contextos y a las realidades que se viven en cada momento. Como representantes del gremio agrícola estamos abiertos a toda discusión, pero solo si estas propuestas buscan soluciones País y no medidas parche. Somos un gremio que agrupa a miles de agricultores usuarios de agua, los que también se han visto afectados por la crisis climática”.

Sin embargo, para la parlamentaria, esta situación “grafica de cuerpo entero lo injusto que hoy dia es la legislación en materia de agua tanto en el código como en la constitución (…) Hay claramente un desbalance normativo en esto”, señaló la legisladora, quien agregó que lo justo es “permitir mayores regulaciones sobre los derechos de agua, que sean renovables, que sean temporales, que nos sean perpetuos, y además que no se pueda especular con ellos, porque hoy dia, ¿de dónde está saliendo esa agua que se va a comprar? Está saliendo seguramente de propietarios de agua que no la estan utilizando, que seguramente están especulando”.

Frente a la polémica, el seremi de Obras Públicas, Pablo Herman, defendió la actual vigencia de la normativa, recordando que “también tenemos un área productiva, que en el fondo, genera fuentes laborales y, generando también, certeza jurídica. Eso es muy positivo para la economía del país y para las personas, así como para las distintas localidades que tambien necesitan de eso”, recalcando en todo caso que para el gobierno, la prioridad respecto al agua está puesta en el consumo humano. “La idea es que todos los actores del agua podamos conversar y llegar a puntos comunes”, añadió.

Discusión entrampada

No obstante, la demora en el trámite del proyecto de reforma del Código de Aguas, y las profundas discrepancias que ha generado el debate por la propiedad del agua, ha evitado que la iniciativa haya podido despacharse en un tiempo prudente.

En ese sentido, el diputado Matías Walker señaló que “es fundamental avanzar en la aprobación a la reforma del Código de Aguas. Nosotros despachamos esa reforma el año 2016, estableciendo que en el marco de declaración de bien nacional de uso público del agua, ésta se pueda priorizar para el consumo humano y para el saneamiento estableciendo el derecho al agua como un derecho humano”.

Para el legislador de la DC, “ha existido en este tema, negligencia de parte del Senado de no despachar este proyecto de ley. Yo sé que el gobierno ha presentado indicaciones, y yo sé que hay muchas dudas, pero para esas dudas, se pueden establecer artículos transitorios, que permitan despejar que se va a respetar los derechos de aprovechamiento de agua que se constituyeron antes de la entrada en vigencia de la ley”.

Pero insistió en el tramite debe avanzar ya, pues el actual código “no tiene nada ver con la realidad de emergencia climática que está viviendo el país en estos momentos”.

Desde la SAN en tanto, señalaron su apertura para debatir sobre este tema, señalando su vicepresidente, José Corral, que “desde hace tiempo en conjunto con todas las Organizaciones de Usuarios de Agua y con todos los gremios nacionales lo estamos trabajando. Los agricultores estamos coordinados y alineados, porque la agricultura se mueve bajo el Código del Aguas y hay que modificarlo en valor a la crisis climática que se vive, pero esto no debe repercutir en el uso del derecho de aprovechamiento el recurso agua”, aclaró.

En su opinión, el camino es fortalecer instituciones como la DGA o la CNR, y sobre todo, impulsar un plan de ordenamiento territorial y a la vez, generar políticas públicas “en donde converjan las necesidades de las zonas rurales en conjunto con las urbanas”. Por lo mismo, Corral pidió no “ideologizar” el debate.

“Están atacado al que creen que es el enemigo, cuando debemos buscar soluciones todos juntos. (…) Hay medidas que se pueden hacer hoy, más allá de una ideología política. Se debe discutir para las generaciones que vienen y no para las elecciones que vienen”, afirmó.

Organizaciones del agua 

Para representantes de comités de Agua Potable Rural y juntas de vigilancia en tanto, la discusión sobre el código de Aguas tiene varias aristas.

Así, para Luis Alfaro, presidente de la Asociación gremial de APR de Limarí, señaló que “en el proyecto de reforma al Código de Aguas deberia quedar establecido el agua como un bien nacional de uso público, prioritariamente, para el consumo humano”.

Alfaro agregó que “esto no es un debate político, es un debate social y humano. Es tiempo de tomar el toro por las astas y hacer más humano y más lógico la discusión. Nosotros no estamos diciendo que hay que ‘nacionalizar’ el agua, pero yo soy un dirigente social, y me doy cuenta que hay una injusticia profunda en este tema”.

En tanto, para Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, si una cuenca está agotada o con serias medidas de restricción y hay un problema de abastecimiento de agua potable “soy de los que creen que el agua para el consumo humano es prioridad, por lo tanto, al autoridad debiese otorga derechos a quien corresponda, aunque eso afecte a terceros”.

Por eso, criticó además, la falta de una política hídrica “de Estado” que cuente con medidas de corto, mediano y largo plazo. “Acá hay una situación en donde unos creen que el mercado va a resolver todos los problemas, y otro creen que el Estado lo soluciona todo, y por eso, yo creo que no han sido capaces de sentarse y generar una política hídrica como tal”.

 

 

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