¿Seguiría usted una orden que percibe como injusta o incluso perjudicial para sí mismo? El sentido común dice que no y la historia también lo evidencia.

Por allá por el Siglo XIX, el filósofo estadounidense Henry David Thoreau, acuñó el término “desobediencia civil” para englobar en este concepto su negativa a respetar la normativa que obligaba a pagar determinados impuestos para financiar una guerra contra México, en el entendido de que, si una ley u orden era lo suficientemente injusta, no había que obedecerla y así también lo entendieron figuras como Mahatma Ghandi o Martin Luther King.

Varias décadas después y con una sociedad cada vez mejor informada y empoderada, el aceptar leyes o resoluciones “inicuas” o lisa y llanamente injustas se ha vuelto inaceptable y así lo expresan las paredes, los gritos en las marchas e incluso columnas como esta.

La gente desobedece y lo hace con causa, porque ya no existe tiempo ni ganas para guardar silencio ante un momento en el que se clama justicia. De allí entonces que parezca incomprensible que pese a las múltiples necesidades que la propia gente ha expresado -como prioridad para tener un buen vivir- el Poder Ejecutivo todavía gaste energías en presentar proyectos que no buscan más que criminalizar el legítimo derecho de expresión.

Un derecho que, para el Gobierno del Presidente Piñera, pareciera verse como algo incomprensible, pero que logra entenderse viniendo de parte de una administración que pese a haber sido electa de manera legal carece de legitimidad con un tímido 6% de aprobación que dista mucho de la amplia mayoría que hoy sueña una nueva Constitución Política que garantice igualdad en dignidad y derechos.

Autor

Imagen de Carlos Tello
Abogado, Licenciado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, titulado el 14 de abril de 2003. Se ha desempeñado en la función pública, como Defensor Penal Público licitado de Arica, Coquimbo, Los Vilos y Ovalle, también ha realizado labores como abogado ayudante de fiscal en la V región y anteriormente como subcoordinador jurídico del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la ciudad de Antofagasta. Se encuentra actualmente egresado del “Magister en Criminología y Justicia Penal” impartido por la Universidad Central de Chile, versión 2010-2011, dirigido a abogados, cuyos temas abarcan una visión actualizada en la cuestión criminal orientada especialmente al quehacer de la justicia penal y sus operadores. En cuanto a conocimientos en el área del derecho del trabajo, posee un “Diplomado en Derecho del Trabajo y Reforma al Proceso Laboral”, impartido por la Universidad Católica del Norte con inicio en junio de 2008 y término en noviembre de este mismo año, dirigido a la capacitación en normas sustantivas y procesales para representación en causas del nuevo sistema procesal laboral oral. Posee dos diplomas de la “Academia Latinoamericana de Defensores Penales” (Buenos Aires, Argentina), destinada a formar expertos en litigación.

 

 

 

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