Se suele reiterar que Chile es un país de gente solidaria. Yo, por cierto, no lo creo. Tal vez, lo fue durante un tiempo, pero el prurito de la simpatía, de ponerse en el lugar del otro, de advertirle de los riesgos que le pueden afectar y de ayudarle (si es que existió) se ha ido perdiendo, se ha desdibujado e incluso ha llegado a manifestarse de manera contradictoria con lo que se nos ha dicho y se nos sigue diciendo.

Más aún, hoy en día, la solidaridad (pese al bello discurso a su favor) resulta castigada, con el objetivo de que no por ningún motivo se nos haga costumbre.

Al respecto, esta semana ha tenido lugar un hecho paradigmático. Un trabajador de la empresa de transporte de valores Wagner filmó un cajero automático que estaba intervenido con elementos destinados a la clonación de tarjetas bancarias de crédito y de débito, para utilizarlas en estafas posteriores, por cierto. Con el objetivo de advertir acerca de cómo se puede detectar la presencia de dichos elementos, los fue mostrando uno a uno, posteriormente los retiró y dejó el cajero fuera de servicio para que lo reacondicionaran y lo aseguraran. Más tarde, el video se difundió a través de las redes sociales e incluso a través de los medios de comunicación masiva.

Sin embargo, el premio que tuvo dicho trabajador por su acción solidaria y de beneficio a la comunidad consistió en ser despedido de su trabajo, condenándosele a incrementar el alto número de cesantes que hay en nuestro país. Con seguridad, no le será fácil conseguir un nuevo cupo laboral.

La candad de clonaciones y de estafas con la utilización fraudulenta de tarjetas de débito y de crédito ha crecido casi de manera exponencial. Según el Ministerio Público el año 2012 se investigaron 14.685 casos de este tipo, mientras que el 2016 la cantidad ascendió a 57.253. En realidad, dado que hay muchos delitos que no se denuncian, este tipo de casos debería ser muy superior a lo que señalan las cifras anteriores.

Me parece que los clientes de los bancos y de las casas comerciales que les entregan las tarjetas están siendo afectados de manera injusta y hasta con ensañamiento, por no decir con premeditación y alevosía. De hecho, deben responder todos por los valores que se le cargaron fraudulentamente, sin más. Los dueños del medio de pago (las instituciones bancarias y comerciales), de manera generosa, instan a que los clientes adquieran seguros en contra de los fraudes, desde luego que, con cargo a ellos mismos, en su condición de clientes y víctimas.

Así, las instituciones vienen (de hecho) a “lavarse las manos” respecto de la seguridad de los medios de pago que facilitan, con lo que (por cierto), tanto ellas como los negocios que los reciben, ahorran mucho dinero en tiempo y en personal, dinero que, desde luego, está siendo costeado por sus clientes.

Para colmo, la mayoría de los negocios no recibe cheques bancarios, obligando a que los clientes paguen en efectivo o con tarjetas de débito o de crédito, exponiéndolos a ser víctimas de hurto, robo y estafa.

Más todavía, se ha impuesto otra práctica que facilita las estafas a los usuarios. Hoy, al contrario de hace un par de años, cuando alguien compra con tarjetas ni siquiera le solicitan el carné de identidad, facilitándose de manera vergonzosa y aberrante la labor de los delincuentes.

Y, peor aún, ya se nos está anunciando la pronta desaparición de la moneda en efectivo. Pretenden que todo tipo de transacción, en el futuro próximo, se haga con tarjetas de prepago, como la Bip de la locomoción colectiva. ¿Se imaginan el nivel de vulnerabilidad al que se nos pretende condenar?

Pero, como estamos en Chile, en donde las instituciones funcionan o en donde los gobiernos trabajan para ello, todos los costos los paga (y los seguirá pagando) el consumidor, es decir, el pobre Moya.

¿Cómo es posible que tengamos una legislación tan pobre que los bancos y las casas comerciales que ofrecen las tarjetas no se hacen responsables por la seguridad de su servicio? ¿Acaso el Estado pretende que los usuarios vayamos con un experto en seguridad para cada una de las transacciones que realizamos en los cajeros automáticos? ¡Por favor! Me parece que llegamos al límite de lo intolerable. ¿Acaso, por lo menos, no deberían contratar los seguros los bancos y las casas comerciales que entregan tarjetas susceptibles de ser clonadas y utilizadas en estafas?

Hasta viene a resultar sospechoso el que ya no soliciten ni carné ni huella digital cuando se compra con una tarjeta de débito o de crédito. Está claro que, mientras más estafen a los clientes, más ganan las instituciones que ofrecen dichas tarjetas, porque, por esa vía, cobran el doble de lo que el cliente consumió: a) el valor del producto comprado; b) de nuevo el mismo monto, por motivo de la estafa, que se cobra o al cliente o al seguro. Negocio redondo, en cada estafa el emisor de la tarjeta gana el 200% del valor del producto o más, si se toman en cuenta los intereses por el pago en cuotas. En la contraparte, Moya paga el doble o más por lo que compró, ya sea manera directa (si no tiene seguro) o de manera indirecta (si es que lo tiene).

Estamos en un año de elecciones, cuando los políticos de todos los colores se ponen como “niños buenos” y ofrecen hasta el paraíso. Sin embargo, todavía ningún candidato se ha atrevido a resolver este “tema” (porque, en nuestro país no existen ni los problemas ni los conflictos) propio de la gentuza.