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Según el desglose, Carabineros concentra el 93% de las denuncias, con 2.340 acciones legales en su contra.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó su balance a un año del inicio del estallido social del 18 de octubre del 2019 y reveló que hasta el momento se han presentado 2.520 querellas a nivel nacional.

Según el desglose, Carabineros concentra el 93% de las denuncias, con 2.340 acciones legales en su contra (ver infografías).

Más atrás aparece el Ejército, con 97 y la Policía de Investigaciones, con 34.

Según destaca el organismo, sólo 31 querellas han sido formalizadas, lo que ha dejado un saldo de 72 funcionarios imputados.

Situaciones en regiones

El balance contempló además una división por delitos. Así, 1.730 querellas se presentaron por apremios ilegítimos, 460 por torturas y 101 por violencia innecesaria.

Asimismo, se anotaron cinco por homicidio, 35 por homicidio frustrado y una por violencia innecesaria con resultado de muerte.

En tanto, en el desglose por regiones, la Metropolitana y del Bío Bío concentraron el grueso de las denuncias, sumando 986 y 248 acciones legales, respectivamente.

Les siguen Los Ríos (158), La Araucanía (156) y Coquimbo (139).

De acuerdo a lo refrendado en el informe, la capital anota la mayor cantidad de funcionarios imputados: 53, en 17 causas formalizadas.

La gráfica -que contempla a 2.825 víctimas y 4.075 hechos de violencia– permite navegar no sólo entre las diferentes comunas del país sino también al interior de éstas.

“Esta información se entrega como un ejercicio de memoria colectiva que busca propiciar una conversación social en relación con el esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia, la adopción de medidas de reparación y la construcción de garantías de no repetición”, explica el INDH en la presentación del mapa.

“El análisis estadístico de estos hechos permite tener una imagen general de lo ocurrido. La visualización de cada punto permite conocer el caso específico. En todo momento se ha resguardado al máximo los derechos y la integridad de las víctimas evitando su re-victimización o su identificación”, complementan.

 

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