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Efe
En un 26% se elevó la cantidad de casos por este delito en contra de mujeres en la región en relación al año pasado, según estadísticas de Carabineros. Esto podría deberse a que el tema se está visibilizando más, pero también a que efectivamente exista un incremento en la comisión del ilícito. De todas formas, según el último estudio del Instituto de Criminología de la PDI, la “cifra negra” continúa predominando y las terribles experiencias sólo se conocen años después.

Las últimas semanas han estado marcadas por las denuncias de abusos sexuales y las funas contra los presuntos agresores. Esto, luego que se conociera el caso de Anaís Godoy, joven que sufrió una violación en septiembre del 2018 lo que gatilló una fuerte depresión que finalmente llevó a que se quitara la vida el pasado domingo 28 de junio, a los 16 años. 

Tras ello muchas mujeres se están atreviendo a contar sus testimonios, y de acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer la Coordinación Regional de Seguridad Pública, las denuncias formales en Carabineros, específicamente por el delito de violación, también han aumentado en relación a la misma fecha del 2019, con un 24% más de casos. 

Respecto a los números que maneja la PDI, se mantienen muy similares a los del año pasado. En forma detallada, desde la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales expresan que no hay mayor variación. En 2019 se cursaron 25 denuncias de las cuales 10 corresponden a víctimas menores de 14 años. Los datos del 2020 arrojan que en el mismo periodo existen 24 denuncias totales, siendo 11 de éstas agresiones a hacía menores de 14. 

Las dos caras del análisis

Los números pueden verse en dos sentidos. Por un lado este incremento sería atribuible a que existe mayor propensión a realizar las denuncias, pero también podría ser posible que efectivamente se estén produciendo más casos de violaciones.

En ese sentido, la seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Coquimbo Ivón Guerra, expresó que, de ser así los números no serían nada alentadores e invitan a continuar realizando acciones para evitar estos delitos.

“Son cifras que nos intranquilizan y que debemos abordar con acciones concretas que ayuden a las mujeres víctimas. En la región tenemos un caso que nos duele, que es el suicidio de una joven de Vicuña. No queremos que su caso quede en la impunidad ni que ninguna mujer vuelva sentirse desprotegida por la red del Estado (…) Hago un llamado a las policías y Fiscalía a seguir perfeccionando sus respuestas ante casos de denuncias de violencia intrafamiliar y de casos de connotación sexual contra mujeres”, expresó. 

¿Un avance social?

La abogada directora de Abofem (Agrupación de Abogadas Feministas), Carolina Tello, tiene una visión tendiente a que ha existido una mayor apertura a contar sus experiencias por parte de las mujeres abusadas, y cuando surgen casos como el de Anaís Godoy, esto se intensifica.

“Desde el año pasado, cuando Las Tesis irrumpen con su intervención social, que muchas mujeres sienten que llega el momento de dejar de callar, y eso se refleja en las denuncias que están teniendo un aumento”, expresa Tello. 

Insiste en que todavía queda mucho por hacer, porque, pese a que se están conociendo más casos, para la abogada, todavía buena parte de las víctimas guarda silencio, y esto pasaría por lo complejo que es probar una violación ante el Ministerio Público y ante un juez.

“Cuando desaparece la evidencia biológica, las denuncias de este tipo se archivan, y es la palabra de la víctima contra la del agresor. Por lo mismo, la Fiscalía debería enfocarse en buscar otras fórmulas para avanzar en estas investigaciones y llegar a procesos judiciales, porque es muy complejo solicitar a la persona que realice la denuncia inmediatamente para que pueda haber resultados. Las personas abusadas a veces tardan años en contar lo que les pasó”, indica la profesional. 

En esa línea, cree que también es necesario que los temas sean abordados de una forma menos impersonal por los entes persecutores o investigadores, para que no se produzca, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Anaís Godoy, en el que si bien el Fiscal Regional asevera que se le avisó a la familia que la investigación en el caso de la menor  sería cerrada, esto se realizó a través de una carta y nadie se cercioró que llegara a destino, y los padres nunca se enteraron que se había dejado de indagar.

“El sistema muestra muchas deficiencias, porque además muchas veces en estas cartas se le indica a las víctimas que, aunque ellos no pudieron encontrar pruebas para acreditar el delito, si la familia tiene otros antecedentes el caso se puede volver a revisar. Es decir, además le estás dando la responsabilidad a la denunciante que sea ella la que siga investigando”, enfatizó. 

Estudios de la PDI

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, Eduardo Rojas, hace un llamado a la calma y expresa que los casos se están investigando, pero insiste en que hay que estar alertas.

“En el 80% de las agresiones sexuales y violaciones el victimario es un conocido, y ocurren en el ámbito de la familia o del hogar. Nuestro llamado siempre será a que se denuncie porque pese a que pueda existir cierta apertura en estos tiempos, todavía nuestro último estudio como instituto de criminología de la PDI, nos arroja que 7 de cada 10 casos no son denunciados”, manifiesta el subprefecto Rojas. 

“Casos archivados"

Otra de las situaciones que preocupan en el ministerio de la Mujer y Equidad de Género, es que los casos sean archivados la mayor parte de las veces, según declara Ivón Guerra. “Las cifras estimativas señalan que en Chile del 100 por ciento de delitos de denuncias de carácter sexual realizadas por mujeres solo el 10 por ciento llega a juicio y de esa cifra sólo el 1 por ciento tiene sentencia condenatoria.  Son cifras que se deben mejorar”, enfatizó. 

 

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