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EFE
El juez de garantía a cargo afirmó que existen pruebas para estimar la participación del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, en el caso y estableció 90 días de prisión preventiva para el acusado por considerarlo "un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad".

La Justicia chilena decretó este viernes prisión preventiva para el expolicía acusado de haber disparado un bote de gas que causó la ceguera total de Fabiola Campillai, en el marco de las protestas sociales que comenzaron el pasado mes de octubre.

El juez de garantía a cargo, Claudio Ortega, afirmó que existen pruebas para estimar la participación del excapitán de Carabineros de Chile, Patricio Maturana, en el caso y estableció 90 días de prisión preventiva para el acusado al que considerado "un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad".

El inculpado, detenido en la víspera como principal sospechoso de efectuar el disparo que provocó la ceguera a la víctima, ya había sido desvinculado del cuerpo policial el pasado 14 de agosto por no prestar auxilio a la misma Campillai tras resultar herida de gravedad.

La detención se llevó a cabo después de que el Ministerio Público efectuara una investigación que determinó la presunta autoría del delito gracias a pericias planimétricas y registros audiovisuales de una cámara que portaba otro de los agentes presentes en el operativo policial.

Durante la sesión, la fiscal Paola Andrea Zárate, apuntó a una "intencionalidad" y a un "abuso de su calidad de autoridad" por parte del acusado y estipuló que en el momento de los hechos "no existían desorden público ni obstrucción de las vías públicas".

"El disparo se efectuó directamente a las personas con un ángulo menor a diez grados y sin realizar parábola, impactando un proyectil de frente en el rostro de la víctima", abundó la fiscal aclarando que se incumplieron los protocolos de mantenimiento del orden público de la institución.

Vistas las pruebas y escuchados los argumentos, el juez estimó que el cesado agente estatal utilizó el arma disuasoria "de una manera que no está establecida en el reglamento representando la posibilidad de provocar un daño específico".

Por su parte, la abogada defensora, Catherine Latroph, sostuvo que "faltan antecedentes para determinar la participación del acusado" puesto que no existió en la víctima "ninguna quemadura por reacción química, necesaria al recibir el impacto de una bomba lacrimógena".

El pasado mes de noviembre, Fabiola Campillai de 37 años, se encontraba esperando el bus cuando le impactó el proyectil que hizo estallar sus dos globos oculares y le provocó diversas fracturas de cara y cráneo.

En una entrevista con Efe publicada este viernes, Campillai expresó que el agente que le disparó "no es el único culpable" y que los agentes "se sintieron con el derecho a disparar a la cara" porque entienden que esa forma de proceder no es censurada por las autoridades.

Cientos de heridos oculares durante las protestas

La formalización llega una semana después de que decretaran prisión preventiva para otro expolicía acusado de causar la ceguera del joven estudiante Gustavo Gatica, y que junto al caso de Fabiola Campillay dio la vuelta al mundo y sirvió para denunciar el elevado número de heridos oculares que dejó la represión policial durante las manifestaciones.

En este contexto, en torno a 200 personas se congregaron en la tarde de este viernes en Plaza Italia, epicentro de las protestas, durante la celebración de la audiencia para exigir medidas cautelares para el exmiembro de Carabineros y mostrar su simpatía hacia la aprobación de una nueva Constitución en el histórico plebiscito que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

Los manifestantes lanzaron consignas en contra del Gobierno y de la policía uniformada, que detuvo a 21 personas y recurrió a los habituales carros lanza-aguas para dispersarlos.

Diversos organismos internacionales como la ONU y la propia Amnistía Internacional denunciaron el elevado número de mutilados oculares durante la dispersión de las protestas y acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.

Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las que dos se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de un ojo.

 

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