• En diciembre de 2017, autoridades encabezadas por el exintendente Claudio Ibáñez, inauguraron la Casa de la Memoria en La Serena, espacio ideado para que agrupaciones de defensa de derechos humanos realicen actividades.
  • El Regimiento N°21 Coquimbo en La Serena, es uno de los puntos incluidos en la Ruta de la Memoria, pues sirvió como centro de detención en dictadura.
  • Un total de cuarenta lugares en la región de Coquimbo están reconocidos por la Comisión Valech como centros de tortura o detención, entre ellos, la cárcel de Illapel, que está incluida en el trazado de la Ruta de la Memoria.
  • “Extrañamos trabajar en la Mesa Regional de Derechos Humanos, no hay avances concretos, lo que nos parece grave”. Ana Merino Molina, presidenta regional de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
  • “Seremos muy firmes con que se cumplan los compromisos que se han adquirido en términos de derechos humanos”. Daniel Núñez Arancibia, diputado del Partido Comunista.
  • “Está muy claro que a este gobierno no le interesa relevar ni continuar los procesos de justicia”. Raúl Saldívar Auger, diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
  • “Queremos reestructurar el trabajo, de manera que la Mesa Regional dé los resultados que buscamos y que las agrupaciones esperan”. Lucía Pinto Ramírez, intendenta regional.
Crédito fotografía: 
El Día
Agrupaciones de víctimas de violencia política y de defensa de los derechos humanos plantean que dos instancias comprometidas por el Estado, la Mesa Regional de Derechos Humanos y la Ruta de la Memoria, no han registrado avances en el actual gobierno y que no existiría voluntad para sacarlas adelante.

Tras cumplirse 45 años del Golpe Militar de 1973 y 30 años del Triunfo del No que posibilitó el retorno a la democracia, en las organizaciones de víctimas de violencia política y violaciones a los derechos humanos no sólo han revivido más que nunca los recuerdos de sus familiares y de sus propias experiencias, sino que la lucha para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se inauguró la Casa de la Memoria en La Serena, inmueble en que anteriormente funcionó la dirección regional de INJUV y que el Ministerio de Bienes Nacionales cedió a la Corporación Verdad, Justicia y Reparación, tras gestiones de las agrupaciones que integran la Mesa Regional de Víctimas de Violencia Política.

Asimismo, en dicha oportunidad se presentó el trabajo conjunto que realizarían once agrupaciones de Derechos Humanos de la región, la Seremi de Bienes Nacionales y la agencia “Acá Comunicaciones”, para trazar la denominada Ruta Patrimonial de los Derechos Humanos.

El objetivo de este proyecto es construir sitios de información y testimonios en diversos lugares en que se cometieron torturas, asesinatos por motivos políticos y violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, con la finalidad de crear conciencia en las nuevas generaciones de que dichas atrocidades, patrocinadas por el Estado y las Fuerzas Armadas, no se deben volver a repetir.

Sin embargo, desde las agrupaciones de víctimas de violencia política y promotoras de la defensa de los Derechos Humanos, acusan que en el actual gobierno, no habría avances concretos en esta temática.

AFDD: “HEMOS AVANZADO POCO”

A pesar de reconocer que hay avances importantes en sus demandas, tales como la continuidad o reapertura de causas aun cuando los responsables de asesinatos por motivos políticos hayan fallecido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana Merino Molina, asegura que “nos duele profundamente que queda mucho, demasiado por hacer.  Hemos avanzado, pero vemos hacia atrás que hemos avanzado poco”.

Merino califica como una “aberración” el que aún no exista voluntad política para consolidar la resolución y reparación de muchos crímenes cometidos en dictadura y que no existan cambios en la Constitución, lo que genera, a juicio de la dirigenta, una desigualdad de trato.

“Los criminales están en cárceles especiales, con sueldos millonarios y las víctimas, que fueron torturadas o violadas, reciben pensiones de $170.000.  Eso no es reparación, porque ese dolor lo van a llevar por todas sus vidas”.

Es por ello que Merino advierte que si bien el país recuperó la democracia hace treinta años, muchas víctimas de la dictadura y sus familias arrastran consecuencias hasta el día de hoy.

GESTIONES Y AVANCES

Ana Merino es categórica en señalar que no hay avances en el trabajo conjunto con las actuales autoridades para solucionar sus demandas.

“No hay una voluntad política. Nosotros teníamos una Mesa Regional de Derechos Humanos cuando estaba Hanne Utreras como intendenta. Después asumió Claudio Ibáñez y nos pareció bien. En esa mesa estaban todas las agrupaciones de derechos humanos y todos los seremis. Se avanzó, nos entregaron una casa donde hacemos nuestras actividades y resulta que queríamos continuar. Solicitamos una audiencia con la intendenta Lucía Pinto en marzo y nos recibió el 19 de junio”.

En esta audiencia se conversó con la intendenta acerca de la necesidad de continuar el trabajo de la Mesa Regional de Derechos Humanos, una de las materias que más preocupa a la agrupación pues, en palabras de Ana Merino, “en su sector hay mucha gente que sabe el destino final de los detenidos”.

Sin embargo, Merino señala que posterior a ello, no ha habido avances concretos en estos cuatro meses desde la reunión, pues la intendenta no los ha vuelto a convocar ni hay señales explícitas de que se vaya a retomar el trabajo de la Mesa Regional, aunque destaca que recientemente se reunieron con el seremi de Bienes Nacionales, Marcelo Telias, para analizar la posibilidad de retomar el trabajo para la Ruta de la Memoria.

Respecto de los avances de la Ruta de la Memoria, Moira Barrientos, profesional encargada del proyecto en “Acá Comunicaciones”, explica que en cuanto a la agencia, el trabajo ya finalizó y se entregó la propuesta para la Ruta.

“En términos formales, era una consultoría que se terminó de ejecutar. El contrato con Bienes Nacionales terminó en enero y el proyecto se finalizó. Lo que hicimos, fue construir la propuesta de Ruta de la Memoria y los Derechos Humanos de Coquimbo, en función de lo que nos dijo la gente, definimos los hitos de la ruta y está lista”, aseguró la profesional.

MESA REGIONAL SE REFORMULARÁ

Consultada por las críticas planteadas por Ana Merino, la intendenta Lucía Pinto asegura que durante esta administración, la Mesa Regional de Derechos Humanos sufrirá algunos cambios en cuanto a periodicidad de sesiones y actores participantes y será liderada por la seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos.

“Me reuní hace un par de meses con agrupaciones de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde quedamos junto a la seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos, de ejecutar un plan y ver la forma de dar una nueva propuesta para una nueva mesa, que trabaje de forma más activa”, expresa la intendenta.

En este sentido, la propuesta de la intendenta y la seremi es tener una mesa que trabaje más activamente, con distintas mesas temáticas, más ejecutivas, donde en palabras de Pinto, “vayamos trabajando un tema en particular, elevando las solicitudes, ideas e iniciativas que ellos tengan, para enviarlas al Ejecutivo”.

Lo anterior, pues muchas de las demandas de justicia y reparación defendidas por las agrupaciones de Derechos Humanos deben ser atendidas a nivel central. 

“Vamos a reformular la Mesa Regional de Derechos Humanos, para trabajar con periodicidad, una vez al mes o una vez cada dos meses, con temas en concreto que sean tratados con actores en concreto y no con todos en la misma mesa”, concluye Pinto.

Acerca de la Ruta de la Memoria, proyecto que debe ejecutar el Ministerio de Bienes Nacionales, la intendenta expresa que “aún lo estamos analizando. Es un trabajo que tiene el nuevo Seremi (Marcelo Telias), de manera de poder dar una respuesta lo más pronto posible a las agrupaciones”.

Tal como se ha planteado durante este gobierno, los elevados costos serían una de las cortapisas para que se concrete el proyecto de la Ruta de la Memoria.

Respecto de ello, la intendenta asegura que “queremos ser absolutamente claros, no dar falsas expectativas, pero llegar a un nivel de coordinación y trabajo conjunto para que todos quedemos tranquilos con el trabajo que realicemos”.

SALDÍVAR ACUSA DESINTERÉS DEL GOBIERNO

Parlamentarios de oposición se han manifestado críticos ante lo que califican como un nulo apoyo del actual gobierno a estas iniciativas.

El diputado socialista Raúl Saldívar Auger, quien integra la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, es categórico al expresar que no le sorprende que el gobierno de Sebastián Piñera no tenga puestas sus prioridades en las temáticas de derechos humanos y reparación.

Asimismo, el parlamentario manifiesta que “el olvido de temas como la Ruta de la Memoria es propio de este gobierno. Ha eludido cosas que eran compromisos del gobierno anterior, como la compensación económica a aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura, reconocidas en los Informes Valech I y II y que ya tenían una parte reconocida por ley”.

En este tema, Saldívar recuerda que la segunda parte de las reparaciones económicas del Informe Valech II fue retirada de la Comisión de Derechos Humanos por el gobierno.

Un punto de vista similar es el del diputado comunista Daniel Núñez, quien expresa que “es evidente que el gobierno de Sebastián Piñera comulga con la impunidad y no con la justicia, la verdad y con la construcción de memoria. Estaremos muy firmes con que los planteamientos que han hecho los movimientos de defensa de los derechos humanos y de víctimas de la dictadura estén presentes”.

Ruta de la Memoria

En diciembre de 2017, el exintendente Claudio Ibáñez, y los exseremis Carlos Galleguillos (Justicia) y Diego Núñez (Bienes Nacionales), junto a agrupaciones de defensa de derechos humanos y de víctimas de violencia política, anunciaron el proyecto Ruta de la Memoria, que diseñó la agencia Acá Comunicaciones. Éste incluye recorridos guiados por diversos puntos que fueron centros de tortura, prisión política y violaciones a los derechos humanos en dictadura, como todas las comisarías y recintos policiales, la ex cárcel de La Serena, la cárcel de Illapel, el Mirador de Los Ángeles en Coquimbo, el sector del Valle de Elqui donde fue acribillado el matrimonio Lejderman Ávalos, además de la Casa del Buen Pastor, donde mujeres junto a sus hijos fueron sometidas a vejaciones y actos de tortura y el Regimiento Coquimbo en La Serena. La iniciativa debiese ser llevada a cabo por el Ministerio de Bienes Nacionales.

 

 

Suscríbete a El Día y recibe a diario la información más importante

* campos requeridos

 

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...

 

 

 

Radio elDía

 

 

 

 

Diario El Día

 

 

 

X