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EFE
En medio de la suspensión de lo que iba a ser la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional –y en donde se iba a discutir este tema– gran parte de los representantes locales apoyan la solicitud de que el Congreso acelere el trámite de la ley de indulto que hoy se discute en el Senado.

Se esperaba que este lunes 5 de abril, la Convención Constitucional, ya establecida oficialmente desde el domingo, celebrara lo que iba a ser su primera sesión.

En la jornada habían dos temas fundamentales en tabla: ampliar la mesa directiva hasta cinco o siete miembros y –probablemente el tema que más polvareda ha levantado- el escenario que enfrentarán los detenidos tras el estallido social.

En efecto, la iniciativa fue respaldada por la propia Mesa de la convención una vez constituida y cuya presidenta, Elisa Loncon, señaló que “fuimos mandatados por el pueblo y la democracia se tiene que hacer práctica e incluirlos a todos. Con jóvenes encarcelados, con mapuches encarcelados, no se puede vivir la democracia”.

De esta forma, buscar una posible amnistía a quienes estén detenidos por hechos relacionados al estallido social, iba a ser uno de los primeros a tratar.

No obstante, fracasada la primera sesión de la convención en el exCongreso Nacional producto de una serie de impedimentos técnicos y de aforos por la cuestión sanitaria, se espera que el tema pueda ser retomado esta semana, ya que el Gobierno se comprometió a solucionar los inconvenientes (ver página 16).

 

Apoyo a la propuesta

Pero, ¿de qué es lo que se trata exactamente la iniciativa que busca indultar a los presos del estallido?

Básicamente es acordar una declaración como Convención, a través de la cual se busca solicitar al Congreso Nacional, acelerar el proyecto de ley sobre indulto que hoy se discute en el Senado. La idea es hacer un llamado de atención al Poder Legislativo, pues la Convención no tiene facultades para tomar acuerdos parlamentarios, que son realizadas precisamente en el Parlamento.

Sobre esta posición, y consultados por diario El Día, gran parte de los convencionales que representan a la Región de Coquimbo (Distrito 5), apoyan la iniciativa, pues por un lado señalan, se repara una injusticia respecto a personas que llevan largo tiempo detenidas con medidas cautelares y sin juicio, y por otra parte, porque bajo ese escenario se puede aportar a la paz social del país.

Así lo cree al menos, Carlos Calvo, constituyente por la Lista del Apruebo, quien denuncia “juicios que no terminan o gente encarcelada sin juicio. Y eso no corresponde a ninguna sociedad que pretenda ser justa. Por lo tanto, la petición que se hace, a mí me parece legítima, aun cuando la legalidad puede indicar una situación contraria. Y es que no siempre lo legal es legítimo”.

Para el representante, la polémica que se ha armado en torno a esta propuesta, “sólo puede causar revuelo a aquellas personas que no participaron en la revuelta”, y que si bien, efectivamente, hubo personas que cometieron hechos delictuales, “lo que sabemos nosotros es que no son precisamente lo que están presos”.

Para el constituyente Daniel Bravo (Lista del Pueblo), la petición de indulto “es adecuada y razonable”, dado que hay personas “que están en prisión preventiva en espera de juicio que se ha dilatado enormemente. Y básicamente están allí porque se ha criminalizado la protesta popular, que es un derecho fundamental y evidentemente, como se dio el proceso constituyente, éste comienza por las manifestaciones de octubre de 2019”.

Bravo explica que en primera instancia, habría un acuerdo mayoritario para elevar dicha petición de acelerar el trámite de la ley de indulto. Respecto a las críticas que ha levantado esta iniciativa, Bravo afirmó que “no es que la Convención se va a arrogar atribuciones que nos le corresponde y entrometerse con otro poder. Es básicamente invitar a que el Congreso pueda apurar el tramite aquel”.

En tanto, para la constituyente Ivanna Olivares (Lista del Pueblo) el apoyo a esta propuesta es total. “Apoyo absolutamente esa solicitud. De hecho, la misma presidencia y vicepresidencia de la Convención también son un canal importante para ejercer esta visión porque su vicepresidente, Jaime Bassa, es parte de un sector político que tiene representación en el Parlamento, y Elisa Loncon también fue electa gracias al apoyo de este sector. Entonces con ellos dos hay una posibilidad real de ejercer presión para agilizar esta ley de indulto que está en discusión aun”.

 

Rechazo

Una opinión absolutamente contraria a impulsar esta solicitud, tiene el constituyente de Chile Vamos –y único oficialista– Roberto Vega, quien expresa que los constituyentes deben atenerse a las normas y obligaciones para las que han sido electos como convencionales y no inmiscuirse dice, “con otras instituciones del Estado”.

Además, rechazó la existencia de presos políticos en el país. “En Chile hay un estado de derecho, más allá de que un sector no quiera respetarlo. Existe un debido proceso, y las personas que están detenidas, que han sido procesadas, son en cumplimiento de una orden de otro poder, como es el Poder Judicial”.

Si bien afirma, los convencionales son libres de compartir las declaraciones que estimen convenientes, éstas no resultan vinculantes, por las características mismas de la Convención.

“Nosotros ni siquiera somos una corporación, no tenemos personalidad jurídica, somos un organismo que se le encargó una tarea determinada que es la redacción de una propuesta de texto constitucional que tiene que ser ratificado en un plebiscito de salida”, señaló. “Es sólo una declaración de buenas intenciones”, agregó, explicando que frente a propuestas de indultos, en todo caso, éstos debieran ser generales, incluyendo también a los militares y carabineros que están siendo procesados por los tribunales por causas relacionadas con el estallido.

Más cauta fue la constituyente María Trinidad Castillo (independiente) quien prefirió no adelantarse en sus apreciaciones. “Prefiero no adelantar nada, porque en el fondo es lo que vamos a tratar. No puedo estar especulando o comentando al respecto. Hay que ver qué es lo que se va a decidir en la Convención, porque además, cada situación tiene un contexto distinto. Por lo mismo creo que falta hacer mucho análisis al respecto”.

 

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